Arzobispo de Cuenca
Bajo el concepto de SALUD sexual y reproductiva, varias dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización mundial de la salud (OMS) promueven enormes campañas en favor de los anticonceptivos y de los preservativos. Sus principales argumentos son: evitar los embarazos no planificados, impedir las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y disminuir los abortos provocados. Para fundamentarlos, recurren a estadísticas alarmantes y supuestamente fidedignas. Estas campañas, por supuesto, cuentan con ingentes recursos económicos y el apoyo incondicional de muchos Estados y organizaciones no gubernamentales.
Estas campañas son presentadas como un tema de SALUD pública; razón por la cual, la dimensión ética también debe ser considerada. Lo ético, en este caso, tiene que ver con lo que “se dice” y también con lo que “se oculta” sobre sus efectos en la salud integral, particularmente, de la mujer, que es la más afectada.
Desde este punto de vista, tanto los que producen como los que promueven tienen la responsabilidad ética de decir “la verdad completa” al público. Esta misma obligación moral se extiende al padre y a la madre de familia, como también al médico que tiene derecho a la objeción de conciencia.
El usuario, antes de tomar una decisión, igualmente, tiene el derecho y el deber ético de conocer “la verdad global” sobre cada uno de ellos, como su naturaleza (composición química u otra índole) y los efectos directos e indirectos (colaterales o secundarios) que producen en su salud física, psíquica y social; datos que no siempre se dicen.
La píldora de emergencia o del día después (“Levonorgestrel, compuesto principal del producto Postinor 2 –PAE”-), por ejemplo, según los estudios médicos, tiene tres efectos: imposibilita la ovulación; impide la fecundación; y evita la implantación del óvulo fecundado. En este último caso, actúa como abortivo; y, por lo tanto, “viola el derecho a la vida desde la concepción garantizado por el Art. 45 de la Constitución”.
Igualmente, es necesario preguntarse si en los países donde se impuso la anticoncepción: ¿han desaparecido los embarazos no planificados? ¿Se han eliminado las enfermedades de transmisión sexual? ¿Se ha reducido el número de abortos provocados? Las estadísticas nos dicen que no; más aún, señalan que ha crecido el número de enfermedades. ¿Por qué entonces se calla?
Las campañas multimillonarias para legalizar su uso, por lo tanto, tienen la obligación moral de decir toda la verdad. Sólo la verdad nos hará libres para tomar las mejores decisiones.
Cuenca, 02 de abril de 2013